Con asistencia de Antonio Maíllo, coordinador andaluz, el Consejo Provincial de IU aprueba un Informe y un Plan de Trabajo

El pasado domingo se reunió en Jaén el Consejo Provincial de IU, en el que participó el coordinador andaluz, Antonio Maíllo. El Consejo aprobó, por unanimidad, un documento que contiene un informe político y un plan de trabajo para los próximos meses.

El documento aprobado por el Consejo señala que Jaén, sólo en lo que se refiere al paro, de acuerdo con los datos de la EPA del III Trimestre de 2013, nuestra provincia tiene 122.900 personas en paro, 40´37 %, cuando hace cuatro años teníamos 73.100, un 25´92 %. Es decir hemos aumentado en 49.800 desempleados y desempleadas, lo que significa 14´45 puntos más, llegando a ser la mayor  tasa de España. Jaén tiene el 51 % de paro en menores de 35 años, el mayor porcentaje de Andalucía. El Informe aprobado señala también que, según la estadística que Hacienda ha elaborado a partir de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2012, el salario medio bruto mensual en 2102 fue de 1.023,3 € en nuestra provincia, el más bajo de España, 6.300 € menos que la media estatal y 2.500 € menos que la media de Andalucía en cómputo anual. Además, justo un año antes, este salario medio mensual era de 1.086,7 €, es decir, sesenta y tres € más.

Estos datos objetivos, y otros como la menor pensión y menor renta disponible, hacen que IU abogue por una discriminación positiva de Jaén en la acción de la Junta y el Estado.

Antonio Maíllo explicó minuciosamente el contenido de las Presupuestos de la Junta, que se aprobarán esta semana, el condicionamiento del recorte del Gobierno Central de 1.200 millones hacía Andalucía y las diferencias evidentes en cuanto a Sanidad, Educación y Políticas Sociales con otras políticas del PP en las diferentes comunidades autónomas y en el Gobierno Central. El coordinador andaluz explicó también los avances que se están produciendo en la implantación de una Banca Pública en Andalucía, una Renta Básica y una próxima norma jurídica para garantizar un mínimo vital en consumos de agua y energía eléctrica a un número importante de ciudadanos.