La pregunta que sirve de título a
este artículo no es baladí cuando miramos alrededor y vemos por doquier los
tremendos agravios comparativos que la aplicación de la Justicia produce entre
quienes están inmersos en un procedimiento judicial.
Viene esto a colación por los
recientes casos judiciales que han saltado a la luz pública estos últimos días:
el del organizador de la fiesta en Madrid Arena y el de la sindicalista que –al
parecer, aún no está probado- rompió la luna de un autobús. En el primer caso,
Miguel Ángel Flores fuerza una situación que se descontrola y produce cinco
fallecimientos, por intereses meramente espurios, en Madrid; le piden cuatro
años de prisión. La sindicalista Katiana Vicens, en Baleares, ejerciendo un
derecho constitucional –el de huelga- le rompe la luna delantera a un autobús;
pide el fiscal para ella cuatro años y medio de prisión. Algo desmesurado y
tremendamente desproporcionado comparativamente hablando. Romper un cristal está
más penado que ser culpable de cinco fallecimientos: kafkiano.
Por otro lado alguien que se aprovecha de una
circunstancia favorable para llevarse dinero de una caja de ahorros, cuyo
rescate estamos pagando todos, dice que eso no lo contempla como delito el
código ético de la CEOE,
me refiero a su vicepresidente Arturo Fernández, curiosamente aplaudido por sus
colegas, que le piden que no se vaya, es decir, que actuó correctamente, como
corresponde a un empresario. Cabe recordar aquí al Sr. Fernández y a sus socios
que los delitos están tipificados única y exclusivamente en el Código Penal
vigente y que el art. 6.1. del Código
Civil dice textualmente “La ignorancia de las leyes no excusa de
su cumplimiento.” Pues aplíquense el cuento, señores.
Todo esto, y un sinfín de casos más, hacen que el
ciudadano se aleje y no crea ni en la Justicia ni en las Instituciones. Es necesaria
una regeneración total e integral, que no se quede en mera palabrería, que no
sean beneficiados los mismos de siempre, esos a los que no alcanza la Justicia porque pueden
confiarse a un experto –y caro- equipo de juristas que le buscan el portillo
por donde salir, ya sea la prescripción, ya sea la ausencia de intencionalidad,
ya sea la ignorancia (bendita y recurrente palabra), ya sea el bien de los
españoles… El tufillo se convierte en hedor y lo peor es que, después de tantos
y tantos casos, la pituitaria se acostumbra y termina por pasar desapercibida
esa pestilencia, es decir, se ve con normalidad la corrupción. Posiblemente se
trate de eso y que sea eso lo que persigan.
Área de Comunicación de IU de Úbeda
